Qué vergüenza
diría Quique
diría Quique
La patota del desalojo
Se visten de negro y actúan de noche. Ya fueron denunciados repetidamente por amenazas, golpes, sustracción y destrucción de mercaderías. Actúan en desalojos compulsivos y corren de autopistas y plazas a quienes no tienen dónde vivir. Trabajan para el Ministerio de Espacio Público que maneja el rugbier Juan Pablo Piccardo.
Resulta imposible encontrar una norma que defina el hecho de dormir en una plaza o vereda. Sencillamente, no existe. “Nosotros decimos que el efecto que crea la UCEP tiene algunos preceptos que tienden a generar un uso abusivo en la práctica. Sobre todo cuando dice ‘colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público’. Eso lo tiene que decir un juez. No puede alguien de la UCEP decir qué es ilegal y qué no”, agrega el abogado Ricardo Dios.
La repetición de estos casos impulsó a la diputada porteña Liliana Parada a presentar una denuncia el 4 de diciembre pasado contra Macri, Piccardo y los funcionarios y empleados de la UCEP. La conducta de estos últimos encuadraría en delitos tipificados por el Código Penal, como el que señala el artículo 149 bis: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años, el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
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Resulta imposible encontrar una norma que defina el hecho de dormir en una plaza o vereda. Sencillamente, no existe. “Nosotros decimos que el efecto que crea la UCEP tiene algunos preceptos que tienden a generar un uso abusivo en la práctica. Sobre todo cuando dice ‘colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público’. Eso lo tiene que decir un juez. No puede alguien de la UCEP decir qué es ilegal y qué no”, agrega el abogado Ricardo Dios.
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La repetición de estos casos impulsó a la diputada porteña Liliana Parada a presentar una denuncia el 4 de diciembre pasado contra Macri, Piccardo y los funcionarios y empleados de la UCEP. La conducta de estos últimos encuadraría en delitos tipificados por el Código Penal, como el que señala el artículo 149 bis: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años, el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
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