Vía Maxi Beckham
En una ciudad como Lima, con tantísima preocupación por la seguridad –desde pandillas de delincuentes principiantes, pasando por bandas de secuestradores, hasta cárteles de droga con temibles conexiones internacionales–, convencer a un oficial de policía de que debe molestarse en capturar a alguien que vende libros sin autorización no es fácil. Una redada de vendedores ambulantes podría terminar atrapando a diez mil sospechosos y llenando una cárcel, pero ¿qué se lograría con ello? ¿Y, a propósito, dónde van a meter las autoridades a tantísimo presunto criminal, cuando las prisiones en el Perú ya están desbordadas en su capacidad? Para la policía y el sistema judicial, el asunto no es prioritario ni puede serlo en el futuro. Así de simple. La CPL (Cámara Peruana del Libro) logró realizar el operativo por una razón muy simple, que resulta siendo la misma razón por la que no puede realizarlo cada mes: pagó por él.
¿Cuánto cuesta organizar un operativo nocturno en un mercadillo ilegal en el centro de Lima? Villavicencio me mostró el presupuesto, donde todo estaba contemplado al detalle: doce dólares en rotuladores («para poner etiqueta a los paquetes de los libros que se incauten», explicó); cien en candados («en cada puesto que revisábamos, teníamos que romper la cerradura anterior y reemplazarla»); cinco en casetes de vídeo («grabamos todo el operativo, por motivos legales»). La lista seguía. La CPL dejó de lado el mapa que había aportado la policía, y encargó uno propio; pagó por cinta aislante, carpetas, pintura en aerosol, fotocopias y hasta por los chalecos que llevaron los policías durante esa noche. Tuvo que contratar cerrajeros, comprar las bolsas donde se transportaría el material incautado, alquilar su transporte y pagar a los operarios que harían su carga y descarga. Mientras tanto, el punto más caro –el que más me saltó a la vista– fue de mil quinientos soles (casi quinientos dólares), el veinte por ciento del costo de la operación. Estaba bajo el título de «honorarios policiales».
Le pregunté sobre esto a Villavicencio. Me sonrió, incómodo. Aunque quise inducirle a hacerlo, se negó a llamarlo soborno.
─Incentivos─ dijo.
Llámese como se llame, este punto es el reconocimiento de una dura verdad de la cultura local: nada se mueve sin dinero, y es materialmente imposible para un organismo como la CPL acabar con la piratería por sí sola, o aun con la ayuda de la policía, si tiene que pagar todo el tiempo. Hay entidades de gobierno hechas para proteger la propiedad intelectual. Pasan y pasan los años sin que ellos hagan su trabajo. Si se les tiene que pagar para acabar con los libros impresos ilegalmente, por la misma lógica otra persona –los piratas, por ejemplo– les pueden pagar para que no se acabe con ellos.
Pregunté dónde estaban los libros.
─En un almacén del centro de Lima. Todavía los están contando.
─¿Y qué pasará con ellos?
El destino de los libros, me explicó Villavicencio, estaba todavía en disputa: la CPL los quería destruir. El juez quería donarlos a Promolibro, un programa del gobierno con presupuestos míseros que promueve la lectura en áreas de la ciudad de escasos recursos. Dado que, desde cualquier punto de vista, la mayor parte del territorio del país podría describirse como de escasos recursos, el juez arguyó que no era ético destruir los libros, aun siendo pirateados. Para la CPL, era impensable que una entidad del gobierno pudiera hacer uso oficial de libros producidos al margen de la ley. Era el equivalente a condonar la piratería. Habían llegado a un impasse.
Mientras tanto, los libros descansaban en un depósito. Más de un mes después del operativo, la cuenta oficial de la incautación aún no se había publicado. Villavicencio veía el peligro de esta demora. Cuanto más demorase en hacerse pública esta cuenta, más demoraban los libros en destruirse y más probable se hacía el peor de los casos.
─¿Y cuál es el peor de los casos?─ pregunté.
─La mitad de lo decomisado volverá al mercado. Te lo puedo apostar─ respondió.
¿Cuánto cuesta organizar un operativo nocturno en un mercadillo ilegal en el centro de Lima? Villavicencio me mostró el presupuesto, donde todo estaba contemplado al detalle: doce dólares en rotuladores («para poner etiqueta a los paquetes de los libros que se incauten», explicó); cien en candados («en cada puesto que revisábamos, teníamos que romper la cerradura anterior y reemplazarla»); cinco en casetes de vídeo («grabamos todo el operativo, por motivos legales»). La lista seguía. La CPL dejó de lado el mapa que había aportado la policía, y encargó uno propio; pagó por cinta aislante, carpetas, pintura en aerosol, fotocopias y hasta por los chalecos que llevaron los policías durante esa noche. Tuvo que contratar cerrajeros, comprar las bolsas donde se transportaría el material incautado, alquilar su transporte y pagar a los operarios que harían su carga y descarga. Mientras tanto, el punto más caro –el que más me saltó a la vista– fue de mil quinientos soles (casi quinientos dólares), el veinte por ciento del costo de la operación. Estaba bajo el título de «honorarios policiales».
Le pregunté sobre esto a Villavicencio. Me sonrió, incómodo. Aunque quise inducirle a hacerlo, se negó a llamarlo soborno.
─Incentivos─ dijo.
Llámese como se llame, este punto es el reconocimiento de una dura verdad de la cultura local: nada se mueve sin dinero, y es materialmente imposible para un organismo como la CPL acabar con la piratería por sí sola, o aun con la ayuda de la policía, si tiene que pagar todo el tiempo. Hay entidades de gobierno hechas para proteger la propiedad intelectual. Pasan y pasan los años sin que ellos hagan su trabajo. Si se les tiene que pagar para acabar con los libros impresos ilegalmente, por la misma lógica otra persona –los piratas, por ejemplo– les pueden pagar para que no se acabe con ellos.
Pregunté dónde estaban los libros.
─En un almacén del centro de Lima. Todavía los están contando.
─¿Y qué pasará con ellos?
El destino de los libros, me explicó Villavicencio, estaba todavía en disputa: la CPL los quería destruir. El juez quería donarlos a Promolibro, un programa del gobierno con presupuestos míseros que promueve la lectura en áreas de la ciudad de escasos recursos. Dado que, desde cualquier punto de vista, la mayor parte del territorio del país podría describirse como de escasos recursos, el juez arguyó que no era ético destruir los libros, aun siendo pirateados. Para la CPL, era impensable que una entidad del gobierno pudiera hacer uso oficial de libros producidos al margen de la ley. Era el equivalente a condonar la piratería. Habían llegado a un impasse.
Mientras tanto, los libros descansaban en un depósito. Más de un mes después del operativo, la cuenta oficial de la incautación aún no se había publicado. Villavicencio veía el peligro de esta demora. Cuanto más demorase en hacerse pública esta cuenta, más demoraban los libros en destruirse y más probable se hacía el peor de los casos.
─¿Y cuál es el peor de los casos?─ pregunté.
─La mitad de lo decomisado volverá al mercado. Te lo puedo apostar─ respondió.
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una crónica con un total de 54649
autor
*Daniel Alarcón*
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*Daniel Alarcón*
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